1 - La Ley de Sociedades Profesionales procura la aparición de una nueva clase de profesional colegiado, que es la propia sociedad profesional, mediante su constitución con arreglo a la Ley e inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional correspondiente.

2 - Se trata de sociedades externas para el ejercicio de las actividades profesionales a las que se imputa tal ejercicio realizado por su cuenta y bajo su razón o denominación social.

3 - La sociedad profesional objeto de la Ley es aquella que se constituye en centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados directamente bajo la razón o denominación social.

4 - Tres sociedades quedan afuera de este ámbito:

a) De medios: que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir costes.

b) De comunicación de ganancias.

c) De intermediación: que sirven de canalización o comunicación entre el cliente y el profesional (que realiza efectivamente la actividad profesional ya sea como socio o como asalariado).

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Hispajuris se consolida como la organización de servicios jurídicos con mayor implantación en España, dentro de su apuesta por ofrecer a las grandes corporaciones y asociaciones empresariales servicios jurídicos globales y coordinados en todo el país.

José Sánchez Recuero, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, es el director de la nueva firma integrada en Hispajuris.

Sánchez Recuero y Asociados, con 23 años de trayectoria, cubre las especialidades Social, Mercantil, Civil y Penal. Lo componen 8 abogados, bajo la dirección de José Sánchez Recuero, a su vez, director y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica “Sixto Ramón Parro”. El despacho cuenta con una sólida cartera de clientes entre el empresariado castellano-manchego.

A través de la integración en la firma, el despacho refuerzan en su ámbito local, los servicios a sus clientes, a los que puede ofrecer una amplia capacidad de actuación a nivel nacional en múltiples especialidades profesionales.

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La corte de Estrasburgo ha mantenido los mismos criterios en estos casos que en la sentencia contra Batasuna y ha establecido que no se ha producido la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que invocaban los recurrentes.

Además de los recursos referidos a HB y Batasuna, los miembros del entorno político de ETA habían presentado recurso contra la anulación de la candidatura de Herritarren Zerrenda que no pudo comparecer a las europeas de 2004.

Igualmente había sido recurrida la prohibición de la candidatura al Parlamento de Navarra, en 2003, encabezada por Pernando Barrena, las de las Juntas Generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y las de los ayuntamientos en los comicios de este último año.

Todos los recursos son rechazados ya que el Tribunal Europeo estima que la “disolución de Batasuna y de HB hubiera sido inútil si hubiera podido proseguir su actividad” a través de las candidaturas recurrentes.

La Corte considera que las autoridades españolas “disponían de numerosos elementos y del tiempo necesario para concluir que las agrupaciones electorales litigantes querían continuar las actividades de los partidos políticos declarados ilegales con anterioridad”.

La sentencia considera que las medidas restrictivas adoptadas por los tribunales españoles son proporcionales al objeto jurídico perseguido, no resultan arbitrarias ni atentan contra la libre expresión.

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Durante la inauguración del Campus 2009 de la FAES, que contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Gianfranco Fini, Aznar avisó del “dañino” impacto que una subida de impuestos puede provocar sobre las posibilidades de recuperación económica y echó mano de una célebre frase del ex presidente norteamericano Ronald Reagan para resumir esta reflexión: “Si se mueve, ponle un impuesto. Si se sigue moviendo, súbele el impuesto. Cuando deje de moverse, dale una subvención”.

A su juicio, esta medida adoptada por el Ejecutivo ha sido rechazada en las elecciones celebradas el pasado 7 de junio, en las que los europeos, según ensalzó, han “dado la espalda” a los gobiernos socialistas, entre ellos al español, rechazando sus recetas económicas porque, indicó, “saben que empobrecen a los países”.

Según subrayó, los ciudadanos decidieron confiar “por una abrumadora mayoría” en los gobiernos de centro-derecha, en los gobiernos liberales y conservadores, esto es, “en los gobiernos que respaldan claramente la economía de libre mercado”.

En definitiva, resumió, los europeos han dado su apoyo a la opción política que ha demostrado que es “capaz de crear prosperidad, crecimiento y empleo” y “han dado la espalda a la que sólo promete subsidios y subidas de impuestos, y con ellos sólo se consigue más paro y recesión”.

“En los países con gobiernos socialistas, y aquí padecemos uno muy de cerca, los perdedores han intentado culpar de su fracaso a la crisis -prosiguió Aznar-, pero los europeos han dicho muy claro en quiénes confían y en quiénes no confían para salir de la crisis”.

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La información fue brindada por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, durante la inauguración de los dos nuevos Juzgados de lo Mercantil autorizados por el Ministerio de Justicia.

A la inauguración asistió el juez decano de Madrid, José Luis Armengol, la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana María Ferrer, y el decano de los abogados madrileños, Antonio Hernández-Gil, entre otros.

Estos órganos judiciales, ubicados en la calle Vicente Muzas de la capital, se suman a los otros diez ya existentes situados en la Gran Vía madrileña. El Gobierno regional ha destinado a estos juzgados una inversión de casi medio millón de euros, y cuentan con un total de 16 funcionarios (procesales, tramitadores y auxiliares).

Granados recalcó la importancia de la puesta en marcha de estos juzgados para afrontar la sobrecarga de trabajo generada con motivo de la crisis económica, puesto que en Madrid se ubican las principales sedes de las empresas y multinacionales españolas.

En cuanto a cifras, recordó que los concursos de acreedores pasaron de un total de 191 en 2005 a los 531 en 2008, pudiendo alcanzar los 742 durante este año, según las previsiones del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto supondría que las causas mercantiles se incrementarán en 2009 un 40% y un 299% si se compara con las cifras del año 2007.

Respecto a los asuntos tramitados, Granados reseñó que estos los juzgados dispararon su evolución, ya que mientras que en 2004, cuando entraron en funcionamiento, el número de asuntos ingresados fue de 504, en 2008 llegaron a los 4.784, lo que supuso un incremento en cuatro años de un 949%.

El consejero hizo hincapié en la necesidad de que las administraciones hagan un esfuerzo por mejorar el funcionamiento de la jurisdicción de lo Mercantil. Así, reclamó al Ministerio de Justicia que autorice la creación de más órganos judiciales en este campo. “Consideramos aún insuficientes el número de juzgados de lo Mercantil. Esperamos que en el futuro, el Ministerio tenga una mayor sensibilidad”, señaló.

Recordó que el ministro Francisco Caamaño sólo ha dado luz verde a la creación de 27 nuevos Juzgados en la Comunidad de Madrid frente a los 72 reclamados por el Gobierno regional, en sintonía con la demanda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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